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¿Arte o vandalismo? ¿Arte o propaganda? Reflexiones en el contexto de Medellín

Sobre los letreros borrados de Nos están matando

El arte urbano ha sido durante mucho tiempo una herramienta de expresión política, social y cultural, pero también un tema de controversia. La reciente eliminación de los murales «Nos Están Matando» y «Las Cuchas Tienen Razón» en Medellín, Colombia, ha reavivado el debate sobre dónde trazar la línea entre arte y vandalismo, y entre arte y propaganda.

Arte o vandalismo: una línea borrosa

El arte y el vandalismo suelen distinguirse por la intención del creador y el contexto en el que se desarrolla la obra. El arte busca generar reflexión, conmoción o belleza, mientras que el vandalismo tiende a asociarse con daños o intervenciones no autorizadas en espacios públicos o privados.

Sin embargo, la autorización formal no siempre define lo que la sociedad percibe como arte. Letreros como el de la vía Paralela en Medellín con el texto «Nos Están Matando»hicieron parte de los mensajes ampliamente difundidos durante el llamado «Estallido Social». Aunque para algunos podría ser arte, otros podrían considerarlo vandalismo por no contar con permisos oficiales y por hacer referencia exclusiva a la visión de un grupo poblacional.

La eliminación de estas obras plantea preguntas importantes: ¿El espacio público debe ser un lienzo abierto para la expresión ciudadana, o requiere control y regulación? Y ¿cómo se mide el impacto social de estas obras frente a las normas legales?

Arte o propaganda: el poder de los mensajes visuales

Por otro lado, el arte también se distingue de la propaganda por su intención. Mientras que el arte invita a la interpretación subjetiva, la propaganda busca influir directamente en la opinión y el comportamiento de las masas con fines específicos, ya sean políticos, religiosos o comerciales.

En el caso de «Las Cuchas Tienen Razón», el mural resaltaba la importancia de escuchar las demandas y necesidades de las Madres buscadoras, que perdieron a sus hijos en medio de la Operación Orión y del conflicto armado de la Comuna 13 de la Medellín de principios del siglo XX ¿Podría considerarse propaganda si la obra fue utilizada por un grupo con intereses políticos o sociales específicos, como el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro? La delgada línea entre arte y propaganda se difumina cuando una obra está alineada con una narrativa ideológica.

El arte urbano en Medellín ha sido históricamente un reflejo de las tensiones sociales y políticas de la ciudad. Desde las pinturas que denuncian la violencia hasta las que celebran la cultura local, el arte en las calles tiene el poder de transformar la percepción de quienes lo ven. Sin embargo, cuando estas expresiones son eliminadas, surge la pregunta de si el acto responde a un deseo de limpiar la ciudad o de censurar mensajes incómodos.

Los mensajes borrados se vuelven protagonistas

La acción de eliminación ha sido aprovechada no solo para reflexionar al respecto sino que ha sido contraproducente para la alcaldía de Federico Gutiérrez pues ha generado justo el efecto contrario al deseado: ha centrado la mirada de la ciudadanía en los mensajes que pretendían eliminarse y que ya pasaban casi desapercibidos para la mayoría de los ciudadanos.

Proteger las manifestaciones artísticas no significa necesariamente permitir que cualquier expresión sea perpetua, pero sí implica reconocer su valor como testimonio histórico y cultural. Esto exige un diálogo entre artistas, comunidades y autoridades para determinar cómo se puede integrar el arte en la vida pública sin caer en el vandalismo o la propaganda.

La tensión entre arte, vandalismo y propaganda seguirá siendo tema de debate, especialmente en ciudades como Medellín, donde la historia y las narrativas políticas se enfrentan permanentemente con nuevas realidades. La pregunta que queda abierta es: ¿Cómo equilibrar la necesidad de regulación con el derecho a la expresión en el espacio público y estas expresiones merecen convertirse en un nuevo punto de conflicto social y político?

Un pilar de las libertades

Ante evidentes amenazas a la libertad de prensa desde varios frentes, es necesario hacer un llamado a proteger este sagrado derecho.

En una coyuntura crítica, justo cuando la sociedad más necesita de una prensa libre y de plenas garantías para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, Colombia ha venido experimentando en el 2024 un preocupante retroceso en este campo. Delicada realidad que obliga a lanzar una voz de alerta.

Como ha sido evidente, el periodismo ha venido siendo objeto de reiteradas y cada vez más agresivas declaraciones y acciones con las que se pretende socavar los mencionados derechos. Y es muy serio y muy grave que dichas consignas provengan en no pocas ocasiones de los llamados a garantizarlos, en particular desde el Gobierno Nacional. Estamos, para ser claros, ante una situación que restringe la democracia.

No es percepción. Está a la luz de todos el deterioro en los indicadores de libertad de prensa y la manera como desde las instituciones se incurre en señalamientos incendiarios y generalizaciones irresponsables que tienen un eco duradero y peligroso en la esfera pública, sobre todo en las redes sociales. El significativo aumento en los casos de amenazas a periodistas de los que lleva registro la Fundación para la Libertad de Prensa, un 24 % entre 2023 y el año en curso, se agrega al descenso de cinco puestos que tuvo Colombia en la más reciente actualización del Índice de Chapultepec, que mide el estado de la libertad de prensa en países de América, con una calificación de 40,34 puntos sobre 100.

A todo lo anterior se suma la ambientación de climas que favorecen el control político de la labor periodística y que buscan abrirles camino a regulaciones que institucionalicen la censura.

Una realidad que toca también la vida de quienes habitan zonas de conflicto y cooptación del Estado por parte de los ilegales. En ellas, el día a día se debate entre el silencio ante los abusos del crimen organizado que ha logrado doblegar a quienes desde medios locales han denunciado su actuar, y el asedio y asesinato de aquellos que con gran coraje arriesgan su vida en defensa del interés general. Propiciar un ambiente de sospecha y rechazo hacia la labor periodística es despejarles el camino a los violentos.

Por lo tanto, es relevante hoy hacer un llamado a los colombianos a exigir y defender sus derechos a la libre expresión, a la información y la libertad de prensa. Esto implica rechazar cualquier forma de intimidación, censura, acoso y estigmatización de la prensa y de la labor periodística, así como de todas las formas de violencia contra quienes hacen periodismo y opinan.

Es necesario, así mismo, apartarse de las incitaciones al odio, el desprecio y la satanización del trabajo periodístico que cuestiona, investiga, denuncia e incomoda a quienes ejercen poder, sea cual sea su índole.

Por último, la invitación es a optar de manera libre por el consumo de información y periodismo a su elección, sin apasionamientos ni presiones, atendiendo criterios de interés informativo e intelectual para formar criterio y tomar decisiones de manera sensata y respetuosa con base en múltiples fuentes de información como presupuesto para la construcción de sociedad, país, democracia y paz. Rodear los principios de la libertad de prensa equivale a proteger un pilar fundamental de todas las libertades.

Las dificultades para Colombia ante la propuesta de venta de Monómeros por parte del gobierno venezolano

La propuesta del gobierno de Venezuela de vender Monómeros, la emblemática empresa petroquímica ubicada en Barranquilla, plantea un panorama complejo para Colombia. Esta compañía, que durante años ha jugado un papel crucial en la producción y suministro de fertilizantes esenciales para el sector agrícola colombiano, se encuentra en el centro de un intrincado debate económico, político y estratégico.


El papel estratégico de Monómeros en Colombia


Monómeros ha sido, históricamente, un aliado clave para la agricultura colombiana. Su capacidad de producción abastece una parte significativa de los fertilizantes que necesitan los agricultores locales, lo que impacta directamente en la seguridad alimentaria y en los costos de producción agropecuarios. La estabilidad operativa de la empresa, por tanto, no es solo un tema de negocios, sino de interés nacional.

Tras años de conflictos internos en Venezuela y la imposición de sanciones internacionales, Monómeros quedó bajo el control del gobierno interino de Juan Guaidó en 2019. Sin embargo, con el reciente reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo por parte de Colombia y otros actores internacionales, la empresa ha vuelto al radar del gobierno chavista, quien ahora busca venderla como parte de su estrategia para generar liquidez.


Retos principales para Colombia

  1. Impacto en la soberanía agroindustrial: La venta de Monómeros a un tercero —ya sea una empresa privada extranjera o un consorcio internacional— podría significar que Colombia pierda influencia sobre una industria clave para su sector agrícola. Esto podría derivar en el aumento de los costos de los fertilizantes, especialmente si el nuevo propietario prioriza beneficios económicos sobre los acuerdos estratégicos con el gobierno colombiano.
  2. Incertidumbre jurídica y económica: La compleja historia reciente de Monómeros, marcada por tensiones políticas entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, genera dudas sobre la claridad legal de cualquier transacción de venta. Además, los posibles litigios internacionales o reclamaciones de acreedores podrían complicar aún más el panorama.
  3. Futuro del abastecimiento agrícola: Si el nuevo dueño decide modificar la estrategia comercial de la empresa, Colombia podría enfrentar dificultades para garantizar un suministro continuo y a precios competitivos de fertilizantes. Esto tendría repercusiones directas en el costo de los alimentos, afectando principalmente a los pequeños y medianos productores.
  4. Dependencia externa: La posibilidad de que Monómeros sea adquirida por empresas de países con intereses geopolíticos distintos a los de Colombia podría aumentar la vulnerabilidad de la economía agrícola colombiana.
  5. Relaciones bilaterales con Venezuela: La decisión del gobierno venezolano de vender Monómeros podría ser vista como una medida unilateral que ignora los intereses colombianos, lo que podría tensar las relaciones entre ambos países justo cuando se intenta consolidar un proceso de reconciliación y cooperación.


Alternativas para Colombia


Ante esta situación, el gobierno colombiano tiene varias opciones estratégicas:

  • Negociar una participación directa en la compra: Podría evaluar, a través de Ecopetrol u otra entidad estatal, la posibilidad de adquirir una participación en la empresa para asegurar el control parcial de sus operaciones.
  • Establecer acuerdos con el comprador: En caso de que la venta avance, sería crucial que Colombia negocie cláusulas que garanticen el suministro preferencial y precios justos para los productos de Monómeros.
  • Impulsar alternativas nacionales: Fortalecer la capacidad de producción de fertilizantes dentro de Colombia para reducir la dependencia de Monómeros a mediano y largo plazo.


La venta de Monómeros representa un desafío significativo para Colombia, no solo por su impacto económico inmediato, sino también por las implicaciones estratégicas a largo plazo. El gobierno colombiano deberá actuar con rapidez y firmeza para proteger los intereses del sector agrícola y garantizar que esta transición no comprometa la seguridad alimentaria del país. En un momento donde las relaciones con Venezuela parecen entrar en una nueva etapa de diálogo, esta situación podría ser un punto crítico en la consolidación de una cooperación bilateral más sólida o, por el contrario, un nuevo foco de tensión.

La pena de muerte en Colombia: ¿solución o respuesta populista?

En Colombia, cada tanto resurgen propuestas de reinstaurar la pena de muerte, especialmente en medio de la conmoción nacional causada por crímenes atroces como el asesinato o abuso de menores. El más reciente caso es el de la niña Sofía Delgado, violada y asesinada por su confeso vecino. Estas iniciativas suelen ir acompañadas de discursos cargados de emociones, apelando al populismo punitivo, una estrategia política que promete soluciones rápidas y contundentes frente al crimen. Pero, ¿es realmente la pena de muerte una solución eficaz o es simplemente una respuesta emocional que ignora las raíces del problema?

El Populismo Punitivo: Respuestas Simplistas a Problemas Complejos

El populismo punitivo se basa en la premisa de que castigos más severos —como la pena de muerte— disuaden a los criminales y ofrecen justicia a las víctimas. En Colombia, el clamor por castigos extremos suele intensificarse tras crímenes que generan indignación colectiva, como los cometidos contra niños. Sin embargo, los datos internacionales y los estudios sobre criminología muestran que no es la magnitud de la pena, sino su certeza de cumplimiento, lo que tiene un verdadero efecto disuasorio.

La Certeza de la Pena: El Talón de Aquiles del Sistema Colombiano

Colombia enfrenta una crisis en su sistema judicial que pone en duda la efectividad de cualquier castigo, sin importar cuán severo sea. Según datos recientes, la impunidad en el país supera el 90% en muchos delitos, lo que significa que la mayoría de los crímenes no son castigados. En este contexto, reinstaurar la pena de muerte no solucionaría el problema de fondo: un sistema judicial ineficiente y, en muchos casos, corrupto.

Además, la imposición de la pena de muerte conlleva riesgos graves. En un país donde las investigaciones a menudo son deficientes y las pruebas manipuladas, la posibilidad de ejecutar a un inocente es inaceptablemente alta.

La Experiencia Internacional

Estudios realizados en países con pena de muerte, como Estados Unidos, no han demostrado una relación directa entre la existencia de este castigo y una reducción significativa de la criminalidad. Estados como Texas, que aplican la pena capital con frecuencia, siguen registrando tasas de homicidios más altas que otros estados sin este castigo. Esto refuerza la idea de que no es el castigo extremo lo que previene el delito, sino un sistema capaz de garantizar justicia oportuna y efectiva.

Alternativas Reales: Reformar el Sistema Judicial

En lugar de enfocarse en la pena de muerte, Colombia necesita invertir en reformas profundas en su sistema judicial. Estas podrían incluir:

  • Fortalecimiento de la capacidad investigativa: Asegurar que los crímenes se investiguen de manera adecuada para garantizar que los culpables enfrenten justicia.
  • Reducción de la impunidad: Establecer mecanismos que garanticen la aplicación de penas existentes.
  • Prevención del delito: Promover políticas sociales y educativas que ataquen las causas estructurales del crimen.

Justicia sin Pena de Muerte

Aunque el deseo de justicia frente a crímenes atroces es legítimo, debemos recordar que la justicia no se trata solo de castigo, sino de garantizar un sistema equitativo, eficiente y humano. La pena de muerte, más que resolver problemas, distrae de los cambios estructurales necesarios para construir una sociedad segura y justa, tal como lo plantea este breve análisis en video de nuestro director Carlos Naranjo. En última instancia, la verdadera solución al crimen en Colombia no está en imponer castigos más severos, sino en asegurar que la justicia sea cierta, efectiva y accesible para todos.