Luego de que el comunicador y periodista Carlos Naranjo, publicara en su página de Facebook un hecho de intolerancia, del que fue víctima él y su familia, el vecino y decano de publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, Martín Moreno Restrepo, ha echado mano de todos los artilugios jurídicos posibles para evitar que se conozca el suceso, en cuya publicación no se le nombra pero en con la que evidentemente se siente identificado. Pide a las autoridades se ordene la eliminación de la siguiente publicación y se limite el contacto del comunicador con la Universidad, de la cual es egresado y al cual parece se le ha bloqueado el acceso al Grupo oficial de Facebook de la facultad de Publicidad de la UPB.
A raíz de la publicación el decano ha puesto queja en la inspección de policía de El Retiro, por supuestos comentarios que incitan a la violencia, en la Fiscalía por injuria, y en el juzgado una tutela, argumentando el derecho al buen nombre, todo esto simultáneamente, sin esperar el pronunciamiento de ninguno de los entes judiciales y sin solicitar previamente alguna rectificación. ¿Utiliza el decano a la justicia como arma de intimidación contra su vecino y periodista? ¿Procura el representante de una facultad que enseña a comunicar, evitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión, consagrada en el Artículo 20 de la Constitución?
Al parecer, Moreno quiere hacer pasar por delito aquello que hizo y que esperaba pasara inadvertido, victimizándose para tratar de evitar la sanción social por actuaciones que desdicen de su cargo. Suma así Martín Moreno, un caso más a los lamentables casos en los que periodistas y ciudadanos del común, son acosados por personalidades que procuran, a través de maniobras jurídicas, convertir al aparato judicial e institucional colombiano, en un instrumento a favor de la censura y los intereses personales.
Muy a propósito de la propuesta de Reforma a la Justicia del gobierno Petro, defendida por el Ministro de Justicia Néstor Osuna, en la que se propone eliminar del Código Penal, entre otros delitos, el de injuria y calumnia, para que estas actuaciones pasen a ser solo una simple querella. Lo anterior, en aras de descongestionar el ocupado y copado sistema judicial colombiano y evitar así que este tipo de denuncias sigan siendo usadas como método de hostigamiento y acoso.
PD: El pasado 12 de enero el juzgado municipal de El Retiro falló, en primera instancia, considerando improcedente la tutela impuesta por el decano contra el vecino periodista y director de DIVÁN POLÍTICO. Y el 20 de febrero el juzgado municipal de La Ceja respondió la impugnación a este fallo, confirmando la improcedencia en segunda instancia.
*Carlos Naranjo es periodista y director de DIVÁN POLÍTICO.
